La Junta de Personal y el Comité
de Empresa del Ayuntamiento de Motril hacen pública a través de este comunicado
su indignación ante el uso irresponsable de los fondos públicos que viene
realizándose con el capítulo de personal de esta entidad.
Si en ocasiones anteriores hemos
denunciado el uso discrecional y despilfarrador que se realiza en el reparto de
gratificaciones, productividades y pago de horas extras, en esta ocasión se
suma el quebranto que supone para las arcas municipales la pésima gestión de
personal que conduce al pago de indemnizaciones innecesarias.
El último de los casos ha sido el
Decreto emitido por la Alcaldesa de este Ayuntamiento de Motril de fecha 13 de
junio de 2017 con motivo de la sentencia del Juzgado de lo Social de Motril que
condena al Ayuntamiento por haber destinado a una trabajadora eventual a tareas
diferentes a las que se contrató y que obliga bien a su indemnización, por un
importe de 19.679 euros, o a su readmisión, con el abono del salario de
tramitación que suma del orden de 17.000 euros, a los que hay que añadir el
coste anual de cerca de 40.000 euros adicionales, que supone su readmisión.
De este modo totalmente injusto,
una contratación temporal se ha convertido en indefinida sin pasar por ningún
tipo de proceso de selección y saltándose las limitaciones que el Plan de Ajuste
del Ayuntamiento de Motril impone al conjunto de sus trabajadores y
trabajadoras.
Sorprende además la escasa
voluntad del equipo de gobierno en luchar por los intereses públicos al aceptar
la resolución judicial sin recurrirla cuando claramente en la sentencia se
aprecian como hechos probados cuestiones que no lo son.
Todo esto en una situación en la
que el presupuesto municipal se encuentra bajo un Plan de Ajuste y los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales se han visto
recortados (con bajadas salariales), congelados o suspendidos y cuando día a
día este equipo de gobierno se niega a la negociación de los aspectos laborales
que afectan a la plantilla municipal.
Todo esto ha ocurrido además pese
a las advertencias previas realizadas al equipo de gobierno municipal sobre la
situación que, como se ha demostrado, podría darse con la gestión que se estaba
realizando de esta contratación. Por todo ello exigimos que se aclaren las
responsabilidades de quienes ordenaron o no controlaron la actuación de la
demandante y que ha posibilitado que se diese la situación de fraude de ley que
ha desembocado en esta sentencia.
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