Los socialistas registran una Proposición No de Ley
exigiendo al Gobierno central que defienda al sector
El Grupo Parlamentario Socialista andaluz en el Congreso de
los Diputados ha denunciado el plan de la UE que limita la pesca del salmonete,
merluza y cigala por poner en riesgo numerosos puestos de trabajo en zonas de
litoral como Motril.
Los socialistas han señalado que esta medida “puede provocar
la escasez de pescado y por tanto una subida significativa en sus precios”, al
tiempo que han destacado “el efecto negativo que puede tener para nuestro
sector turístico, ya que muchos días podría no haber pescado fresco”.
La Política Pesquera Común, que establece el Reglamento (UE)
nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013,
tiene entre sus objetivos alcanzar una explotación sostenible de los recursos
pesqueros, garantizando la estabilidad de los ingresos y los puestos de trabajo
de los pescadores. Dentro de este marco normativo el Reglamento (CE) Nº
1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006 establece las medidas de
gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar
Mediterráneo.
En este sentido, el Ministerio ha regulado la actividad
pesquera en el Mediterráneo a través de órdenes ministeriales, siendo la última
la Orden AAA/2808/2012 que establece un Plan de Gestión Integral para las
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y
menores.
El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del
PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, y el portavoz de Pesca del Grupo
Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, acompañados por Elvira Ramón,
entre otros diputados socialistas de las provincias mediterráneas del litoral
andaluz; han señalado que entre las distintas flotas que realizan la actividad
pesquera en el Mediterráneo, se encuentra la flota de arrastre. Una flota
compuesta por 92 buques con base principalmente en los puertos de Estepona,
Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga, Motril, Adra, Almería y Garrucha, y la
captura de especies como la merluza, el salmonete, la gamba roja y el jurel es
de gran relevancia económica. Desde el punto de vista del empleo, estos barcos
enrolan una media de 6 marineros, generando un total de 500 puestos de trabajo
directos.
Durante los últimos años la Comisión Europea ha puesto de
manifiesto que el resultado de las evaluaciones científicas refleja un alto
grado de sobreexplotación, y pone en evidencia la falta de sostenibilidad en la
explotación de los recursos pesqueros.
Por ello, y para cumplir con los objetivos principales de la
Política Pesquera Común, que entre otros contempla alcanzar el rendimiento
máximo sostenible en 2020, resulta necesario que la nueva regulación contemple
nuevas medidas encaminadas a reducir el esfuerzo pesquero para garantizar una
explotación racional de los recursos pesqueros.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de Orden por la que se
establece un plan de gestión integral para la conservación de los recursos
pesqueros en el Mediterráneo. En su articulado se contempla una limitación del
esfuerzo pesquero, con una reducción del 10% respecto al número máximo de días
que se hayan pescado en años anteriores, fijando una cifra para 2018 que será
revisada en años sucesivos con reducción del 10% anual. Esta reducción se
realiza sobre el esfuerzo teórico y no tiene en cuenta la actividad real
ejercida.
Estas reducciones, pueden poner en riesgo la viabilidad y
rentabilidad económica de la flota de arrastre del Mediterráneo, ya que puede
suponer que se rebase el umbral mínimo de días a partir del cual los rendimientos
obtenidos por la flota se reducen exponencialmente.
Para el Grupo Socialista resulta imprescindible que las
nuevas medidas que se vayan a implantar garanticen tanto la sostenibilidad del
recurso como de la actividad pesquera, manteniendo todos los puestos de trabajo
de los pescadores andaluces.
Por todo ello los diputados socialistas han registrado una
Proposición no de Ley donde instan al Gobierno a “introducir las modificaciones
necesarias en la normativa de gestión de los recursos pesqueros del
Mediterráneo, para que las reducciones del esfuerzo pesquero se realicen
mediante cálculos reales, y que a su vez garanticen un número de días de pesca
que compatible con la sostenibilidad de la actividad y del recurso”.
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